El discurso oficial sobre el impacto de Internet y la distribución de contenidos. ¿Por qué será que siempre estoy en desacuerdo?
Este es el documento sobre el cual vuelco mis críticas más abajo.
Plantear el proceso judicial a los dueños de Taringa! como una disputa entre el derecho de autor y el libre acceso a la cultura no sólo es una falacia: es uno de los más flacos favores que se le pueden hacer a la lucha por el pleno ejercicio de los derechos culturales. Internet cambió las reglas del juego del acceso a los bienes culturales al desmaterializar libros, discos, DVD, casettes VHS, revistas y convertirlos en bits que circulan por la red. Sin embargo, con la descarga doméstica de contenidos instalada como una cultura de millones, dos preguntas astillan el idealizado paraíso del download: ¿En qué se benefician los trabajadores culturales? Y, sobre todo, ¿desde cuándo el mercado busca la democratización del acceso a la cultura?
Crítica: Independientemente del cuestionamiento que puede merecer el criterio judicial en cuanto a la extensióm del tipo penal previsto en la ley de derechos de autor, nadie puede sostener en su sano juicio, que Internet no haya sido un instrumento idóneo para la democratización de un montón de elementos de nuestra sociedad, entre ellos sin duda el acceso a la cultura. Me parece que pretender sostener la conformación de un sistema basado en el derecho de la propiedad intelectual, generalmente promovida por los grupos multinacionales, no sólo significa quedarse en esquemas vetustos que no coinciden con los tiempos que corren de economía digital sino que implica perpetuar los privilegios de lobbies internacionales que nunca han promovido el reconocimiento de los trabajadores culturales.
Cuando las grandes corporaciones transformaron Internet en la plataforma transnacional que hoy usamos y conocemos a nivel planetario, ampliaron las posibilidades de acceso a muchos bienes culturales. Pero fundamentalmente provocaron una monumental transferencia de ingresos, apropiándose de un flujo que alimentaba a los intermediarios “analógicos” (editoriales, discográficas, librerías, disquerías, fábricas de soportes como CD y casettes, etcétera) para entronizar una intermediación electrónica donde reinan los fabricantes de dispositivos (PC, portátiles, celulares) y las empresas proveedoras de conectividad. Este tremendo cambio de escenario afectó centralmente a los creadores, quienes desde el primer escalón de la cadena de producción y comercialización observan cómo muchos lucran con bienes ajenos en nombre de la democratización de la cultura. Es más: quienes defienden las descargas libres e indiscriminadas como adalides contraculturales, quizás ignoren que afectan menos a las majors que a pymes y artistas.
Crítica: Las grandes corporaciones no fueron las que transformaron Internet en la plataforma transnacional sino muy por el contrario este proceso surgió como consecuencia del criterio de libertad bajo el cual fue estructurada la misma. Permitiendo acceder sin intermediarios a cualquier contenido, la aparición de nuevas aplicaciones (Google, Skype, Napster) que llevó a destronar a significativos imperios de negocios conformados bajo estructuras monopólicas. Sin embargo es discutible que los pequeños creadores hayan sido los principales afectados, cuando con Internet empezaron a contar con un escenario libre y gratuito para exponer sus contenidos sin restricción alguna y con un alcance masivo e inimaginable en el pasado. ¿O acaso las negociaciones con los intermediarios analógicos era fácil?
Hagamos algunas cuentas. En la Argentina, la facturación anual por venta de discos en 2010 superó los 320 millones de pesos. La recaudación por venta de entradas al cine alcanzó ese mismo año los 687 millones de pesos. La industria editorial, que en 2010 produjo 75 millones de ejemplares, facturó estimativamente unos 2000 millones de pesos. Las empresas proveedoras de Internet el año pasado, sólo por abonos de accesos residenciales, registraron ingresos por aproximadamente 6000 millones de pesos ($ 6.000.000.000). Es decir, el doble que la suma de la venta de libros, discos y entradas al cine. Entonces, equivocamos el análisis si suponemos que estamos discutiendo cultura paga versus cultura gratuita. Esta no es una variante de cultura gratuita. Primero, porque los usuarios abonamos fortunas a cambio de conectividad. Segundo, porque cuando el creador de un bien cultural no recibe la retribución que le corresponde por su trabajo, está sosteniendo un sistema injusto a costa de su esfuerzo.
Crítica: La comparación de cifras efectuada es completamente improcedente por las siguientes razones:
i) Se deberían comparar los números de ventas de contenidos analógicos con la venta de contenidos digitales en Internet.
ii) Se oculta que el abono de acceso a Internet no sólo sirve para comprar contenidos, sino los usuarios principalmente utiliza Internet para conectarse en los sitios sociales, buscar información, informarse, ver videos, y en mucho menor medida ingresar a algún contenido gratuito en Internet que está o no protegido con derechos de propiedad intelectual.
iii) Para decir que pagamos fortunas por conectarnos a la red deberíamos comparar el valor del acceso a Internet en el mundo para arribar a dicha conclusión.
No debemos pensar esta cuestión sólo como consumidores, repitiendo la lógica neoliberal que publicitaba lo “importado” para que pudiéramos elegir, mientras se destruía la industria nacional. Debemos incluir a usuarios y a productores desde un enfoque amplio e integral. Por eso, en la Secretaría de Cultura acabamos de publicar el libro Derechos de autor en industrias culturales. Alcances de la legislación, protección y nuevas tecnologías, que reunió a los especialistas más dispares de aquí y de Europa. Desde Joost Smiers, autor de Un mundo sin copyright, hasta Eduardo Bautista, de la Sociedad General de Autores y Editores. Todas las voces, y más.
Crítica: Valoramos significativamente que se abra una instancia de diálogo y discusión con todas las voces. Sin embargo vale recordar que en la Ley de Medios propuesta e impulsada por el Gobierno no hay mención alguna que refiera a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Hubiese sido sumamente auspicioso que en ese encuentro se hubiese discutido el impacto de establecer regulaciones propiciando la protección de la propiedad intelectual sobre la conocida y remanida "neutralidad de red".
Sin embargo, ¿dónde estaban todos esos actores a los cuales la ley 11.723 de Propiedad Intelectual perjudica enormemente, y a quienes jamás se les consulta su opinión sobre las modificaciones que se le efectúan? ¿Dónde estaban las universidades para preguntarles su opinión sobre el canon, a sabiendas de que muchas de ellas tienen que destinar de sus magros presupuestos, partidas abusivas para el CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) sólo porque en Argentina no existe una excepción educativa? ¿Dónde estaban los bibliotecarios, que ven criminalizadas sus prácticas cotidianas por una legislación restrictiva que monopoliza la cultura en manos de unos pocos? ¿Dónde estaban los miles de escritores afectados por editores y editoriales que negocian con ellos contratos abusivos? ¿Dónde estaban los museos y archivos que poseen patrimonios históricos que se pudren en latas de fílmico y en cajas de depósitos porque no pueden digitalizarse o cambiar el formato porque una ley se los prohíbe? ¿Dónde estaban todos esos artistas que no pertenecen al ámbito snob de esa Cultura con mayúsculas, pero que sí enriquecen a diario esa cultura con minúsculas? ¿Dónde estaban, por ejemplo, los que verdaderamente están siendo punta de innovación en las nuevas economías digitales, tales como Taringa!, los chicos de Cuevana o la gente de Comunidad Zoom? ¿Dónde estaban los wikipedistas? ¿Dónde estaban todos los estudiantes afectados por estas leyes? ¿Dónde estaban todos los artistas nacionales, del interior, que pagaron con sus impuestos este evento de “Mercado de Industrias Culturales de Argentina”, pero que nunca llegarán a la Capital por la mera pereza de sus editores, de los libreros, de los que deciden qué es Cultura y qué no? ¿Dónde estaban las escuelas pobres de provincias a las que ni siquiera les llegan libros? ¿Y dónde estaban los miles de niños que jamás en su vida vieron una biblioteca?
El problema son todas las voces que tienen algo para aportar a la discusión y sin embargo estuvieron ausentes no sólo de los debates sobre derecho de autor, sino en todo el MICA.
El modelo actual de discutir exclusivamente con la industria, fiel reproducción del enfoque del G8, sólo llevará a una política ciega que ignore las necesidades del pueblo. Esto y no otra cosa fue lo que se vio en el “Mercado de Industrias Culturales de Argentina” (MICA). La industria estuvo presente enumerando la suma de sus dogmas para delinear las políticas que sólo los benefician a ellos y perjudican a todos los demás. De este modo, más que un evento para delinear políticas públicas, se trató de un evento financiado por el Estado para delinear políticas que siguen los intereses de privados. Esta situación no puede más que extremar las condiciones actuales en las que se da el debate, donde la industria se tapa los oídos y los ojos para negar la realidad tecnológica que avasalló su “modelo de negocios”, y donde los ciudadanos, por el peso propio de las herramientas que tienen en sus manos, prometen acabar con los privilegios de la industria que otro contexto social y tecnológico les garantizó. En el MICA hubo muchos abogados, muchos empresarios, muchos políticos, pero muy pocos ciudadanos de a pie. La necesidad de un debate con todos los actores que estuvieron ausentes durante estos días ya no puede ser postergada. Lo contrario es favorecer sólo a las corporaciones o establecer una alianza entre el Estado y las corporaciones, en un supuesto “beneficio del pueblo” que no es tal. La persistencia de esta actitud llevará a la privatización de la política, donde las decisiones se toman para favorecer a las industrias y no a los ciudadanos.
Las bibliotecas, las escuelas, los nuevos empresarios, los artistas del interior, también merecen tener su espacio en una ley que discuta no sólo la cuestión del “derecho de autor”, sino también una ley de fomento de cultura. Porque es menester recordar que el derecho de autor nació como expresión social de su tiempo para fomentar el progreso de las ciencias y las artes, y que hoy es evidente que esa regulación no sólo no cumple con dicha misión sino que, por el contrario, está ahogando el desarrollo de la cultura, la aparición de nuevos modelos de negocios, la calidad educativa y cultural de los más necesitados, entre otras cosas, sólo para perpetuar los beneficios que les otorga a unos pocos, la tenencia de un monopolio exclusivo garantizado por el Estado.
Crítica: No considero para nada recomendable propiciar la participación del Estado en este nuevo deal digital, al menos que disponga una ley que promueva la igualdad para todos en Internet a través de lo que se conoce como Neutralidad de red. Si por el contrario el Estado interviene para establecer privilegios para nivelar las supuestas desigualdades que solamente son vistas por él, se estaría yendo en contra de la corriente, pudiendo ser aprovechada por los magnates de la economía vestuta y destituida por Internet para seguir imponiendo sus pregorrativas en contra de la libertad de expresión de todos los cibernautas. ¿El gobierno no se habrá dado cuenta que con imponer los contenidos en la Televisión no es suficiente sino que ahora va por Internet?
Crítica: Lamento avisarle que el momento de transición ya pasó. Estamos ante una nueva realidad. No se necesita de la intervención del Estado para el diálogo, en este nuevo ámbito de Internet no hay controladores de acuerdos porque hay libertad. Lo único que se tiene preocupar el Estado es no crear privilegios sino por el contrario garantizar el acceso universal de la banda ancha a todo el país, y asegurarse del respeto de la neutralidad no creando privilegios ni permitiendo que terceros los impongan sobre lo quiero ver, usar y hacer correr por Internet.
La tarea no es sencilla. Pero será mucho más complicada si partimos de un diagnóstico equivocado. Nuestra historia reciente confirma que la mayoría de los argentinos no se conforma con una democracia a la carta diseñada por los grupos económicos. Del mismo modo, la riqueza y la diversidad de nuestra cultura nos imponen a todos (Estado e industrias, creadores y usuarios) la responsabilidad de hacer un esfuerzo intelectual por encontrar soluciones comunitarias a las movidas del mercado. Allí se juega la decisión: ejercer nuestra soberanía cultural para proteger la creación y garantizar el acceso universal e igualitario, o dejar libradas nuestras decisiones a los algoritmos que indexan los resultados de Google.
Crítica: Si verdaderamente se desea promocionar diversos contenidos culturales digitales, lo que debería hacerse es subvencionarse a los mismos como se hizo con Futbol para todos y colgarlos en Internet para que estén al alcance de todos los argentinos. Por último ¿este apoyo a la decisión judicial adoptada en contra de los propietarios de Taringa no resultará un justificativo para castigar al sitio del grupo Clarín "Tipete" que está instrumentado bajo un esquema muy similar al de Taringa? ¿O tal vez algo más grave no estarán pensando en suscribir el secreto acuerdo del ACTA que propicia cualquier medida a cambio de proteger los derechos de propiedad intelectual en Internet?
Plantear el proceso judicial a los dueños de Taringa! como una disputa entre el derecho de autor y el libre acceso a la cultura no sólo es una falacia: es uno de los más flacos favores que se le pueden hacer a la lucha por el pleno ejercicio de los derechos culturales. Internet cambió las reglas del juego del acceso a los bienes culturales al desmaterializar libros, discos, DVD, casettes VHS, revistas y convertirlos en bits que circulan por la red. Sin embargo, con la descarga doméstica de contenidos instalada como una cultura de millones, dos preguntas astillan el idealizado paraíso del download: ¿En qué se benefician los trabajadores culturales? Y, sobre todo, ¿desde cuándo el mercado busca la democratización del acceso a la cultura?
Crítica: Independientemente del cuestionamiento que puede merecer el criterio judicial en cuanto a la extensióm del tipo penal previsto en la ley de derechos de autor, nadie puede sostener en su sano juicio, que Internet no haya sido un instrumento idóneo para la democratización de un montón de elementos de nuestra sociedad, entre ellos sin duda el acceso a la cultura. Me parece que pretender sostener la conformación de un sistema basado en el derecho de la propiedad intelectual, generalmente promovida por los grupos multinacionales, no sólo significa quedarse en esquemas vetustos que no coinciden con los tiempos que corren de economía digital sino que implica perpetuar los privilegios de lobbies internacionales que nunca han promovido el reconocimiento de los trabajadores culturales.
Cuando las grandes corporaciones transformaron Internet en la plataforma transnacional que hoy usamos y conocemos a nivel planetario, ampliaron las posibilidades de acceso a muchos bienes culturales. Pero fundamentalmente provocaron una monumental transferencia de ingresos, apropiándose de un flujo que alimentaba a los intermediarios “analógicos” (editoriales, discográficas, librerías, disquerías, fábricas de soportes como CD y casettes, etcétera) para entronizar una intermediación electrónica donde reinan los fabricantes de dispositivos (PC, portátiles, celulares) y las empresas proveedoras de conectividad. Este tremendo cambio de escenario afectó centralmente a los creadores, quienes desde el primer escalón de la cadena de producción y comercialización observan cómo muchos lucran con bienes ajenos en nombre de la democratización de la cultura. Es más: quienes defienden las descargas libres e indiscriminadas como adalides contraculturales, quizás ignoren que afectan menos a las majors que a pymes y artistas.
Crítica: Las grandes corporaciones no fueron las que transformaron Internet en la plataforma transnacional sino muy por el contrario este proceso surgió como consecuencia del criterio de libertad bajo el cual fue estructurada la misma. Permitiendo acceder sin intermediarios a cualquier contenido, la aparición de nuevas aplicaciones (Google, Skype, Napster) que llevó a destronar a significativos imperios de negocios conformados bajo estructuras monopólicas. Sin embargo es discutible que los pequeños creadores hayan sido los principales afectados, cuando con Internet empezaron a contar con un escenario libre y gratuito para exponer sus contenidos sin restricción alguna y con un alcance masivo e inimaginable en el pasado. ¿O acaso las negociaciones con los intermediarios analógicos era fácil?
Hagamos algunas cuentas. En la Argentina, la facturación anual por venta de discos en 2010 superó los 320 millones de pesos. La recaudación por venta de entradas al cine alcanzó ese mismo año los 687 millones de pesos. La industria editorial, que en 2010 produjo 75 millones de ejemplares, facturó estimativamente unos 2000 millones de pesos. Las empresas proveedoras de Internet el año pasado, sólo por abonos de accesos residenciales, registraron ingresos por aproximadamente 6000 millones de pesos ($ 6.000.000.000). Es decir, el doble que la suma de la venta de libros, discos y entradas al cine. Entonces, equivocamos el análisis si suponemos que estamos discutiendo cultura paga versus cultura gratuita. Esta no es una variante de cultura gratuita. Primero, porque los usuarios abonamos fortunas a cambio de conectividad. Segundo, porque cuando el creador de un bien cultural no recibe la retribución que le corresponde por su trabajo, está sosteniendo un sistema injusto a costa de su esfuerzo.
Crítica: La comparación de cifras efectuada es completamente improcedente por las siguientes razones:
i) Se deberían comparar los números de ventas de contenidos analógicos con la venta de contenidos digitales en Internet.
ii) Se oculta que el abono de acceso a Internet no sólo sirve para comprar contenidos, sino los usuarios principalmente utiliza Internet para conectarse en los sitios sociales, buscar información, informarse, ver videos, y en mucho menor medida ingresar a algún contenido gratuito en Internet que está o no protegido con derechos de propiedad intelectual.
iii) Para decir que pagamos fortunas por conectarnos a la red deberíamos comparar el valor del acceso a Internet en el mundo para arribar a dicha conclusión.
No debemos pensar esta cuestión sólo como consumidores, repitiendo la lógica neoliberal que publicitaba lo “importado” para que pudiéramos elegir, mientras se destruía la industria nacional. Debemos incluir a usuarios y a productores desde un enfoque amplio e integral. Por eso, en la Secretaría de Cultura acabamos de publicar el libro Derechos de autor en industrias culturales. Alcances de la legislación, protección y nuevas tecnologías, que reunió a los especialistas más dispares de aquí y de Europa. Desde Joost Smiers, autor de Un mundo sin copyright, hasta Eduardo Bautista, de la Sociedad General de Autores y Editores. Todas las voces, y más.
Crítica: Valoramos significativamente que se abra una instancia de diálogo y discusión con todas las voces. Sin embargo vale recordar que en la Ley de Medios propuesta e impulsada por el Gobierno no hay mención alguna que refiera a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Hubiese sido sumamente auspicioso que en ese encuentro se hubiese discutido el impacto de establecer regulaciones propiciando la protección de la propiedad intelectual sobre la conocida y remanida "neutralidad de red".
Sin embargo, ¿dónde estaban todos esos actores a los cuales la ley 11.723 de Propiedad Intelectual perjudica enormemente, y a quienes jamás se les consulta su opinión sobre las modificaciones que se le efectúan? ¿Dónde estaban las universidades para preguntarles su opinión sobre el canon, a sabiendas de que muchas de ellas tienen que destinar de sus magros presupuestos, partidas abusivas para el CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) sólo porque en Argentina no existe una excepción educativa? ¿Dónde estaban los bibliotecarios, que ven criminalizadas sus prácticas cotidianas por una legislación restrictiva que monopoliza la cultura en manos de unos pocos? ¿Dónde estaban los miles de escritores afectados por editores y editoriales que negocian con ellos contratos abusivos? ¿Dónde estaban los museos y archivos que poseen patrimonios históricos que se pudren en latas de fílmico y en cajas de depósitos porque no pueden digitalizarse o cambiar el formato porque una ley se los prohíbe? ¿Dónde estaban todos esos artistas que no pertenecen al ámbito snob de esa Cultura con mayúsculas, pero que sí enriquecen a diario esa cultura con minúsculas? ¿Dónde estaban, por ejemplo, los que verdaderamente están siendo punta de innovación en las nuevas economías digitales, tales como Taringa!, los chicos de Cuevana o la gente de Comunidad Zoom? ¿Dónde estaban los wikipedistas? ¿Dónde estaban todos los estudiantes afectados por estas leyes? ¿Dónde estaban todos los artistas nacionales, del interior, que pagaron con sus impuestos este evento de “Mercado de Industrias Culturales de Argentina”, pero que nunca llegarán a la Capital por la mera pereza de sus editores, de los libreros, de los que deciden qué es Cultura y qué no? ¿Dónde estaban las escuelas pobres de provincias a las que ni siquiera les llegan libros? ¿Y dónde estaban los miles de niños que jamás en su vida vieron una biblioteca?
El problema son todas las voces que tienen algo para aportar a la discusión y sin embargo estuvieron ausentes no sólo de los debates sobre derecho de autor, sino en todo el MICA.
El modelo actual de discutir exclusivamente con la industria, fiel reproducción del enfoque del G8, sólo llevará a una política ciega que ignore las necesidades del pueblo. Esto y no otra cosa fue lo que se vio en el “Mercado de Industrias Culturales de Argentina” (MICA). La industria estuvo presente enumerando la suma de sus dogmas para delinear las políticas que sólo los benefician a ellos y perjudican a todos los demás. De este modo, más que un evento para delinear políticas públicas, se trató de un evento financiado por el Estado para delinear políticas que siguen los intereses de privados. Esta situación no puede más que extremar las condiciones actuales en las que se da el debate, donde la industria se tapa los oídos y los ojos para negar la realidad tecnológica que avasalló su “modelo de negocios”, y donde los ciudadanos, por el peso propio de las herramientas que tienen en sus manos, prometen acabar con los privilegios de la industria que otro contexto social y tecnológico les garantizó. En el MICA hubo muchos abogados, muchos empresarios, muchos políticos, pero muy pocos ciudadanos de a pie. La necesidad de un debate con todos los actores que estuvieron ausentes durante estos días ya no puede ser postergada. Lo contrario es favorecer sólo a las corporaciones o establecer una alianza entre el Estado y las corporaciones, en un supuesto “beneficio del pueblo” que no es tal. La persistencia de esta actitud llevará a la privatización de la política, donde las decisiones se toman para favorecer a las industrias y no a los ciudadanos.
Las bibliotecas, las escuelas, los nuevos empresarios, los artistas del interior, también merecen tener su espacio en una ley que discuta no sólo la cuestión del “derecho de autor”, sino también una ley de fomento de cultura. Porque es menester recordar que el derecho de autor nació como expresión social de su tiempo para fomentar el progreso de las ciencias y las artes, y que hoy es evidente que esa regulación no sólo no cumple con dicha misión sino que, por el contrario, está ahogando el desarrollo de la cultura, la aparición de nuevos modelos de negocios, la calidad educativa y cultural de los más necesitados, entre otras cosas, sólo para perpetuar los beneficios que les otorga a unos pocos, la tenencia de un monopolio exclusivo garantizado por el Estado.
En este conflictivo debate donde se entremezclan los derechos culturales, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad intelectual, algunos remarcan la necesidad de un nuevo “contrato social entre los autores, las industrias y los consumidores”. Ese new deal digital corre serio riesgo de profundizar las desigualdades existentes si no incorpora (en términos reales pero también conceptuales) la participación del Estado. Ante una vuelta de campana de la dinámica de los negocios, sólo el Estado puede velar por el interés general. En este caso, implica no criminalizar al usuario, asegurar el acceso universal a contenidos culturales y procurar que los autores cobren por su obra.
Crítica: No considero para nada recomendable propiciar la participación del Estado en este nuevo deal digital, al menos que disponga una ley que promueva la igualdad para todos en Internet a través de lo que se conoce como Neutralidad de red. Si por el contrario el Estado interviene para establecer privilegios para nivelar las supuestas desigualdades que solamente son vistas por él, se estaría yendo en contra de la corriente, pudiendo ser aprovechada por los magnates de la economía vestuta y destituida por Internet para seguir imponiendo sus pregorrativas en contra de la libertad de expresión de todos los cibernautas. ¿El gobierno no se habrá dado cuenta que con imponer los contenidos en la Televisión no es suficiente sino que ahora va por Internet?
Vivimos un momento de transición. El modelo tradicional de distribución de contenidos está dejando paso a un proceso digital en el que evidentemente las reglas cambian. La salida no puede ser castigar a un sector en beneficio de otros. Tenemos que sentarnos con los protagonistas a acordar nuevos esquemas, revisar legislación y buscar acuerdos intersectoriales en los que todas las partes deberán resignar algo. Es imposible mantener las cosas estáticas, y cuanta más resistencia exista a pensar nuevos caminos, tendremos menos posibilidades de integración.
Crítica: Lamento avisarle que el momento de transición ya pasó. Estamos ante una nueva realidad. No se necesita de la intervención del Estado para el diálogo, en este nuevo ámbito de Internet no hay controladores de acuerdos porque hay libertad. Lo único que se tiene preocupar el Estado es no crear privilegios sino por el contrario garantizar el acceso universal de la banda ancha a todo el país, y asegurarse del respeto de la neutralidad no creando privilegios ni permitiendo que terceros los impongan sobre lo quiero ver, usar y hacer correr por Internet.
La tarea no es sencilla. Pero será mucho más complicada si partimos de un diagnóstico equivocado. Nuestra historia reciente confirma que la mayoría de los argentinos no se conforma con una democracia a la carta diseñada por los grupos económicos. Del mismo modo, la riqueza y la diversidad de nuestra cultura nos imponen a todos (Estado e industrias, creadores y usuarios) la responsabilidad de hacer un esfuerzo intelectual por encontrar soluciones comunitarias a las movidas del mercado. Allí se juega la decisión: ejercer nuestra soberanía cultural para proteger la creación y garantizar el acceso universal e igualitario, o dejar libradas nuestras decisiones a los algoritmos que indexan los resultados de Google.
Crítica: Si verdaderamente se desea promocionar diversos contenidos culturales digitales, lo que debería hacerse es subvencionarse a los mismos como se hizo con Futbol para todos y colgarlos en Internet para que estén al alcance de todos los argentinos. Por último ¿este apoyo a la decisión judicial adoptada en contra de los propietarios de Taringa no resultará un justificativo para castigar al sitio del grupo Clarín "Tipete" que está instrumentado bajo un esquema muy similar al de Taringa? ¿O tal vez algo más grave no estarán pensando en suscribir el secreto acuerdo del ACTA que propicia cualquier medida a cambio de proteger los derechos de propiedad intelectual en Internet?
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