2012

2012. ¿Qué decir? La poderosa presidente se opera de un cáncer en estas horas. La atención seguramente va estar basada en cuestiones emotivas, las cuales le vienen reportando a la presidente mucho apoyo y consenso político. Demostrando una tenacidad implacable para enfrentarse a los que no piensan como ella, logrando arrinconar tanto a cierto sector empresarial, principalmente rural y de algunos medios de comunicación, con los partidos políticos disidentes bajo el mote de “oposición”.

La oposición viene a representar desde lo político, la frustración de no atraer a la sociedad no oficialista bajo una propuesta alternativa, seria y consensuada. La cual se ve enfrentada con un bloque político hegemónico e implacable para impone en forma casi automática la voluntad presidencial, sin diálogo alguno, amparado en la legitimación de la mayoría obtenida en las últimas elecciones presidenciales.  

Las recientes leyes aprobadas en sesiones extraordinarias del Congreso, y las continuas vías de hecho en las que incurre la administración hacen tomar conciencia sobre la debilidad que presentan en la actualidad tanto las garantías constitucionales como la institucionalidad propia de un estado de derecho. La institucionalidad se ve afectada en mayor medida por la inexistencia de control alguno en el ejercicio de las competencias presidenciales, dado que el Poder Judicial ha sido cooptado por el oficialismo y el Congreso se ha convertido de un lugar de discusiones políticas acaloradas en un trámite formal donde ningún sector del oficialismo cuestiona las medidas que le requiere el Poder Ejecutivo. En tal sentido Roberto Gargarella recientemente apunt que “En el Congreso se deben escuchar las voces de todos y sobre todo se debe prestar atención a la voz de los que disienten. Y no se trata sólo de escuchar, sino de dejar en claro, frente a la sociedad, qué razones públicas respaldan lo que se hace, de qué modo se responden las objeciones de los disidentes.”

Pero llama más la atención cuando las medidas solicitadas para convertirse en ley, ya no responden a la ideología que apuntala al discurso oficial. Es el caso de la reciente sancionada Ley de Antiterrorismo, que rápidamente ha generado el rechazo de la única voz efectiva en la sociedad, como es la de las organizaciones no gubernamentales que paradojicamente carecen de la garantía legal de poder requerir acceso a la información pública. Es decir a la información propia, a la de la comunidad, a la de todos nosotros como miembros de la sociedad. Esa garantía se encuentra reconocida legislativamente en la mayoría del resto de América Latina. Si bien existe un tibio decreto vigente, esa garantía básica del derecho de libertad de expresión y de participación en la cosa pública merece la protección de una norma de rango legal, como en el caso de la asignación universal por hijo, y no estar su vigencia condicionada al arbitrio de la voluntad presidencial de turno.

Decimos que la ley de antiterrorismo se aparta del discurso oficial al tratarse de una pleitesía con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que implica la creación un tipo penal bastante abierto en lo que se refiere a la figura del terrorismo, y el agravamiento de las penas que impedirían a cualquiera que se considere incurso en estos  delitos contar con el beneficio de la eximisión de prisión o excarcelación.

Si el gobierno hubiese estado en la encrucijada de propiciar una ley que cumpla con los trazados establecidos por los instrumentos internacionales que regulan la cuestión del Terrorismo podría haber elegido un sistema que tienda a reforzar el sistema protectorio de derechos humanos, y no emular las cuestionables legislaciones adoptadas en otros países, como es el caso de Estados Unidos con la Ley Patriot Act, o Perú con la Ley Antiterrorista Peruana de Fujimori que le otorga a las autoridades un manto de impunidad para violar cualquier tipo de garantía constitucional en contra de cualquier sospechoso.

La Ley 26.734 puede alcanzar a cualquier actividad, como el derecho de protesta social pero también al ejercicio de derecho de opinión, puesto que las mismas pueden considerarse que han sido realizadas con el fin de aterrorizar a la población y por ende estar alcanzadas por esta cuestionada ley.

Esta nueva potencial restricción a la libertad de expresión impuesta por esta ley se suma a otras medidas promovidas por este gobierno y que sin duda han venido percutiendo sobre tan preciada garantía constitucional. Propongo hacer un breve pero exhaustivo repaso de las afectaciones a la garantía constitucional de la libertad de expresión que se vienen sucediendo:

i)                 El impulso de la Ley 26.736 que pone bajo la órbita y discreción del Poder Ejecutivo Nacional el control de un insumo básico como es el papel para los periódicos;

ii)              Allanamiento a Cablevisión con gendarmería y cámara de canal de televisión oficial ordenado por un juez de dudosa competencia;

iii)                Inhibición general a los bienes de La Nación bajo otro cuestionable procedimiento judicial;

iv)              Pedido de informes ordenado por un juez a fin al gobierno sobre los periodistas que informan sobre los verdaderos índices de precios y que no se atienen a los elaborados por el INDEC junto con las multas siderales aplicadas por la Secretaría de Comercio a los efectos de silenciar a aquellas consultoras privadas que cuestionan los índices del INDEC;

v)                La puesta en el aire de un programa televisivo que tiene por objetivo principal ridicularizar a las voces disidentes;

vi)                La estatización del fútbol utilizado para publicitar exclusivamente la gestión de este gobierno;

vii)              El cuestionable manejo de la publicidad oficial que ya ha merecido una condena por parte de la Corte Suprema sin embargo el Poder Ejecutivo sigue haciendo oídos sordos a ese pronunciamiento judicial firme y definitivo;

viii)           Las continuas evidencias que la sanción de la Ley de Medios tuvo como principal objetivo desarticular al imperio Clarín, frente a las continuas dilaciones en el otorgamiento de licencias y la imposibilidad de acceso a las mismas por las organizaciones menos pudientes frente a los precios prohibitivos de los pliegos de licitación;

ix)                La silenciosa complicidad en los juicios orales y populares realizados por personajes próximos al Gobierno a periodistas así como en la obstrucción a la distribución de ciertos diarios.

x)                La confusa y poco clara revocación de la licencia de Fibertel, que en la práctica ha quedado en la nada.

Tal vez me esté olvidando de alguna otra medida inconstitucional adoptada en este último tiempo, pero dado que las mismas resultan ser incesantes y continuas, al menos deviene útil efectuar un inventario de las que vengan rápidamente a la memoria.

Espero que estas líneas sirvan para la reflexión sobre la necesidad de un cambio de rumbo en esta temática tan sensible para cualquier gobierno que se considere democrático, y que no sean consideradas como tendientes a aterrorizar a la población porque si no voy a estar sujeto al ámbito de la ley recientemente sancionada, y bajo los peligros propios de otros tiempos que supo sufrir nuestro país, como cuando se propiciaba a cualquier precio la Doctrina de la Seguridad Nacional.