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Gobierno Abierto. Tiempo de precisiones. ¿Realidad u otra promesa incumplida?



Una de las banderas izadas por el gobierno para diferenciarse del anterior fue la de la transparencia de gestión. Bajo esa premisa se adoptaron medidas concretas a nivel nacional como de política exterior.

Entre las iniciativas nacionales más relevantes se destacan el impulso de la sanción de ley de acceso a la información pública, el inventario y apertura de aquellos datos en poder de la Administración Pública, regulación de la publicidad oficial y conflictos de intereses en contratos y juicios. Por su parte a nivel internacional los esfuerzos se centraron en el armado de los planes de acción bajo la Open Government Partnership, de la cual nuestro país es adherente desde el 2012.

Al repasar el listado de logros propuestos en materia de gobierno abierto nadie puede dudar que han resultado tan auspiciosos como ambiciosos, representando un verdadero cambio respecto a los horizontes que guiaban a los gobiernos pasados en la forma de gestionar la cosa pública. Sin embargo cuando se entra en el análisis pormenorizado, uno descubre que de la aplicación concreta de dichas políticas no surge el cambio de paradigma que le es propio en el vínculo entre la ciudadanía y  gobierno.   

Con ejemplos concretos es la mejor manera de comprender las carencias detectadas. Por ejemplo la celebrada Ley 27.275 de acceso a la Información Pública, si bien obliga a gran cantidad de sujetos a  cumplir con pedidos de la ciudadanía a acceder a información pública, existen demasiadas excepciones que debilitan el principio general de apertura permitiendo a los sujetos obligados eludir el cumplimiento de dicha obligación legal. Dicha ventana de escape ha sido ampliada por el decreto reglamentario recién dictado por el Poder Ejecutivo, donde deja sin regulación la reserva de la documentación pública. Otra restricción surge de la obligación de identificarse para el requirente de información, siendo un desincentivo para solicitar información comprometida para sujetos no acostumbrados a prácticas tan republicanas, como pueden ser los sindicatos.

La obligación de los entes públicos nacionales de poner en sus sitios de Internet información bajo formatos de datos abiertos no impacta en la ciudadanía, por tratarse en muchos casos de información correspondiente a años pasados, como con las actuales contrataciones públicas cuyos datos no son de fácil acceso en lo que respecta a empresas adjudicadas y precios involucrados.

 El reciente decreto dictado de conflicto de intereses surge frente a una necesidad coyuntural del gobierno ante las sucesivas acusaciones de incurrir en dichas prácticas. La norma, dictada a las apuradas, está lejos de servir para dar transparencia a situaciones que confrontan con las mejores prácticas gubernamentales. Esperemos que el proyecto de ley impulsado por los Diputados Negri y Banfi venga a dar luz en esta materia.  

La publicidad oficial también aspira a ser regulado legalmente, a través de un proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado, y reemplazar la resolución que cambió el criterio que venía imperando de favorecer a aquellos que tuvieran una línea editorial afín al gobierno pero manteniendo el criterio cuestionable como el de permitir el canje por deudas impositivas y previsionales impagas.

Resta que los compromisos a adoptarse a nivel internacional bajo la OGP permitan que las prácticas de gobierno abierto se federalicen   impulsando la capacitación efectiva, de acuerdo a las necesidades locales particulares y por organizaciones que conozcan el campo de acción, evitando que resulten en meras reuniones formales para cumplir el Plan de Acción de turno, conformado entre los pocos participantes de la sociedad civil de siempre y el atento monitoreo oficial.

De no ser así estarán haciendo “fulbito para la tribuna”, o mejor dicho open washing que es la definición académica para aquellos gobiernos que publicitan políticas de gobierno abierto solamente como manera sencilla de hacer relucir sus credenciales en transparencia y prácticas democráticas.



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